DERECHO AL OLVIDO EN INTERNET

MDP. Diana Rivas Mayett

 

En textos anteriores hemos tratado acerca de la huella que dejan todas nuestras actividades en la red, del derecho a la privacidad del que todos gozamos tanto en nuestra Carta Magna y demás legislaciones, como convenios internacionales, de las implicaciones que trae navegar en la red y algunos de los usos (buenos o malos) que se pueden dar a las TIC’s y a la web, etc… bueno, en esta ocasión nos referiremos a un aspecto que engloba  todos éstos y que causa un gran revuelo en la sociedad de las tecnologías de la información (término explicado en nuestro libro CIBERCRIMINALIDAD EN MÉXICO©)… 

 

¿Derecho al olvido en Internet? Éste tiene relación con el Habeas Data (como ya se había dicho en textos anteriores es la acción constitucional que puede ejercer cualquier persona que estuviera incluida en un registro o banco de datos, para acceder a tal registro y que le sea suministrada la información existente sobre su persona, y de solicitar la eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada), así como la protección de datos personales. En otras palabras, se refiere a la potestad que tiene el titular de uno de estos últimos a borrar, bloquear o suprimir información vulnerable (conocida también como información sensible) que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo, o bien, que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.

 

En este sentido, muchas personas opinan que este derecho puede colisionar con el derecho de expresión. Esto se debe a que, ciertamente tenemos derecho a conocer datos, información, etc. de otras personas, pero al mismo tiempo y por esto choca con los derechos de los afectados, éstas también tienen la facultad de reservarse ciertos datos e información de índole personal y que les puede causar algún perjuicio. Y definitivamente esto representa un conflicto más grande de lo que aparenta, toda vez que, si se trata de datos o información de terceros que pueden ser de nuestro interés, exigimos se nos proporcionen, informen de cualquier forma y modo; sin embargo si se trata de ser uno el titular de éstos o caigan sobre nuestra responsabilidad, entonces argumentamos el derecho a la privacidad o el derecho al olvido.

 

Por otra parte éste se ha difundido ampliamente en muchos países con la cuestión de los informes crediticios. La primera norma en tratarlo fue la Fair Credit Reporting Act aprobada por el Congreso Federal en 1970 en los Estados Unidos de América, que admite en ciertas situaciones la eliminación de la información antigua o caduca.

Mientras que en España, la Ley de Protección de Datos Personales (LOPD) lo regula en materia de ficheros de morosos en el art. 29.4, que dispone “Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos“.

 

Argentina por su parte lo reconoce primero judicialmente en un leading case (causa, proceso). Le siguieron varios fallos de la cámara comercial y luego la Ley de Protección de Datos Personales lo cristalizó en el art. 26 de la ley 25.326. Luego de su expreso reconocimiento legal, esta figura se fue afianzando en la jurisprudencia. El problema aquí era claro: la gente contrae créditos, se endeuda, luego no los paga, pasan 20 años, el crédito está prescrito, el banco no puede reclamar, pero el poder de la información es más fuerte que una obligación natural, y la persona no puede obtener otro crédito porque seguía figurando como deudora. Tiene la opción de pagar la deuda (prescrita) para que lo borren y así poder empezar desde cero, o recurrir al derecho al olvido y eliminar la información negativa.

 

En México el Buró de Crédito es una empresa, constituida como sociedad de información crediticia, dedicada a integrar y proporcionar información, previo a la concesión de un crédito, cuyo objetivo principal es registrar el historial crediticio de las personas y empresas que hayan obtenido algún tipo de crédito, financiamiento, préstamo o servicio.[]

Éste surge en 1996 como Trans Union de México S. A., que sólo trataba a personas (personas físicas), sin embargo en 1998, con la incorporación de Dun & Bradstreet S. A. comenzó a tratarse a las personas morales, es decir, a las empresas.

El Buró de Crédito está regido por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y las Reglas Generales para Sociedades de Información Crediticia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacionl Bancaria y de Valores revisan el cumplimiento de las mismas.

 

Para conocer el estatus de su información, las personas deberán solicitar un reporte de crédito especial. Este documento contiene el historial de los créditos que se tienen o han tenido en los últimos 72 meses. Se muestran, por ejemplo, la fecha de apertura y de cierre, el saldo y si éstos han sido pagados puntualmente o si han tenido retrasos.

 

También contiene, el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento o constitución, el domicilio particular y del empleo.

 

Para obtenerlo, es necesario proporcionar los datos de alguno de los créditos (en caso de tenerlos) y, conforme al marco legal, se tienen derecho a un reporte gratuito cada 12 meses. Si no está de acuerdo con la información que contiene dicho reporte, podrá presentar una reclamación, la que deberá resolverse, a más tardar, en 45 días naturales.

 

El derecho al olvido en Internet

 

Ahora bien, hasta hace muy poco, cuando alguien se equivocaba en la vida podía rectificar, cambiar y enmendar los errores del pasado. Los diarios publicados exclusivamente en papel, y la limitada memoria humana contribuía esencialmente a ello.

 

Sin embargo, la progresiva universalización de Internet, que combina una enorme capacidad de almacenaje con buscadores que permiten localizar cualquier dato en cuestión de segundos, y con extrema facilidad, puede significar el fin del olvido. La perennidad de la información implica nuevos desafíos para el Derecho, básicamente determinar si una persona puede lograr borrar el pasado. Usualmente estos reclamos se dirigen contra el medio original (medio de prensa, sitio de internet, blog, etc.) que publica el dato o la noticia y también contra el buscador.

 

En Europa por ejemplo, desde 2014, Google y sus similares tienen la obligación de eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violen ciertos derechos de un ciudadano, a petición de éste, debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

 

La Unión Europea obliga a Google a retirar enlaces con información lesiva

Como lo mencionamos en el párrafo anterior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó recientemente que buscadores de Internet como Google, deben retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que son lesivas para alguna persona y carecen de relevancia.

 

El derecho al olvido no es un intento de reescribir la historia, ni de alterar la hemeroteca. Cuando la publicación original es legítima (en un periódico, por ejemplo), no significa la facultad de borrar esa información del soporte original. Solo se elimina de los resultados de los buscadores para que los datos lesivos no permanezcan eternamente en Internet. Recordemos lo mencionado cuando tratamos la “huella” que dejamos en la red y su permanencia en ella.

 

Con esta sentencia el Tribunal de Luxemburgo ha resuelto una cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional en 2012, sobre la manera de interpretar las normas de protección de datos en Internet. Y ha avalado el llamado derecho al olvido al fallar que “en determinadas condiciones” los buscadores están obligados a eliminar enlaces con información personal.

 

El alto tribunal precisa que el interesado debe presentar su solicitud “directamente” al buscador (Google, Yahoo, Bing o cualquier otro), que deberá examinar si es fundada. En caso de que este último no acceda a retirar la información, el afectado podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales para que estos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenen al buscador la retirada de la información. Es decir, el TJUE abre la puerta a un examen caso por caso de cada una de las reclamaciones presentadas a cualquier buscador.

 

Google ha calificado de “decepcionante” para buscadores y editores on line en general el fallo. Las complicaciones técnicas para que un buscador elimine estos enlaces lesivos son, en principio, prácticamente irrelevantes.

 

El proceso comenzó cuando el abogado Costeja recurrió a la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) para que Google retirara una información publicada en el diario La Vanguardia en 1998 con enlaces a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social. Pese a que este asunto estaba ya saldado, Costeja seguía apareciendo en el buscador.

 

La AEPD dio la razón a La Vanguardia porque la publicación de los datos tenía una justificación legal. Sin embargo, su posición frente a Google fue diferente. Instó al gigante de California a eliminar los enlaces en los que se hacía referencia a datos personales. Pero éste recurrió ante la Audiencia Nacional. “Era una decisión injusta que ponía en juego la neutralidad y la transparencia del buscador. Entendemos que retirar una información lícita nos obligaría a censurar o filtrar la información. No estamos en contra del derecho al olvido pero no consideramos que tengamos que tomar decisiones sobre lo que aparezca o no en el buscador”, explicaban fuentes cercanas a la multinacional.

 

Para mí es una sentencia lógica y tiene coherencia. Además, no es mala para Google porque no le afecta a su negocio”, asegura Costeja, que ha visto reconocida la supresión de datos que no son irrelevantes ni afectan a la honra, la dignidad y la vida privada de las personas. “Ahora los usuarios conocen las reglas del juego”, añade este abogado afincado en A Coruña, al que no le gusta mucho que se hable de derecho al olvido. “Si hay un político que ha metido la mano en la caja y una sentencia que lo condena, eso no se puede borrar”. Por eso prefiere hablar de “supresión de datos” irrelevantes que afecten al honor de las personas.

 

Tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, los ciudadanos tienen armas para solicitar a los buscadores que dejen de indexar determinadas informaciones. “El editor principal es el responsable, pero en casos en los que concurran determinadas circunstancias, tendrán que colaborar en la no indexación de contenidos”, explica Joaquín Muñoz, abogado de Costeja, quien deja claro que estas reclamaciones “no se pueden ejercitar por capricho”. “Si existe un conflicto entre el derecho a la libertad de información y la protección de datos, las autoridades tendrán que determinar cuál de ellos prevalece”. A partir de ahora, Google tendrá que poner en marcha mecanismos para atender las solicitudes de los ciudadanos que reclamen eliminar del buscador referencias que le afecten y lesionen sus derechos. “Si no atiende las reclamaciones, los usuarios tienen otra vía: acudir a la AEPD, que estudiará el caso”, explica Muñoz.

 

La AEPD también aplaude el pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo, que tiene la última palabra sobre la interpretación del derecho de la UE. “Clarifica definitivamente el régimen de responsabilidades de los buscadores de Internet en relación con la protección de los datos personales y pone término a la situación de desprotección de los afectados generada por la negativa de la compañía Google a someterse a la normativa española y europea reguladora de la materia”.

 

 

Además esta potestad permite impedir la difusión de información personal a través de Internet, incluye el derecho a limitar la difusión indiscriminada de datos personales cuando ya no tiene relevancia ni interés público y pueden lesionar los derechos de las personas, aunque la publicación original sea legítima (boletines oficiales, por ejemplo). Reconoce que se puedan ejercitar los derechos de cancelación y oposición. En el caso de los buscadores de Internet, supone limitar la difusión universal de enlaces cuando esta carezca de justificación y dañe al afectado.

 

Sin embargo éste no es un derecho absoluto. Cuando entra en colisión con otras potestades, la autoridad reguladora (por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos) pondera cada caso según los criterios de exactitud, relevancia pública y obsolescencia. Adecua los derechos de cancelación y oposición a Internet. No es incompatible con la libertad de expresión ni tampoco con el derecho a recibir información, es una protección a la privacidad de personas físicas y morales.

 

En esencia, el tribunal establece que los buscadores realizan un tratamiento de datos de carácter personal. Esta actividad está sometida a las normas de protección de datos de la Unión Europea, dado que Google vende espacios publicitarios en un Estado miembro. Además, los ciudadanos podrán solicitar a los buscadores que eliminen referencias que les afecten aunque esa información no haya sido borrada por el editor.

 

Verónica Alarcón, directora jurídica de ePrivacidad, bufete que tiene varios casos en

la Audiencia Nacional relacionados con el derecho al olvido, sostiene que la sentencia ha supuesto un “varapalo” para el gigante de Internet, que “ha visto todas sus pretensiones desestimadas” al reconocer que los ciudadanos “tienen un derecho a dirigirse a Google instándole la retirada de sus datos personales de sus resultados de búsqueda en base a la normativa de protección de datos siempre que existan motivos relativos a la concreta situación personal del afectado”. Considera que la sentencia es un reconocimiento al esfuerzo desempeñado en aras a la protección de la intimidad de las personas que han pleiteado.

 

Destaca Alarcón que a Google se le aplica la legislación comunitaria y nacional sobre protección de datos, ya que tiene como su representante en España a Google Spain, oficina o filial cuya actividad principal es la venta de espacios publicitarios dirigidos a usuarios españoles.

 

Pérez Simón, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona y experto en derecho al olvido, califica la sentencia de “sorprendente” al haber virado “de forma sustancial” respecto a la opinión del abogado general de la Unión Europea. “El impacto es muy importante: hay muchos casos pendientes de este fallo y la tendencia en el número de reclamaciones va claramente al alza”, subraya. “Hoy tenemos 200 casos sin resolver, pero dentro de pocos años este número aumentará exponencialmente”. En contra de lo dictado por el tribunal europeo, Simón considera que la responsabilidad no es únicamente del motor de búsqueda, sino que debería ser compartida con el autor de la información original. “Especialmente en el caso de las publicaciones en boletines oficiales”, enfatiza. En su opinión, la sentencia es especialmente importante porque implica la aplicación de la legislación comunitaria para Google y otras multinacionales tecnológicas “en todos los casos”.

 

El profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Oberta de Catalunya Miquel Peguera, especializado en asuntos sobre responsabilidad en Internet, alerta del posible “riesgo de sobreprotección” en el que podría caer la UE con la sentencia. “Podría hacer más difícil el acceso a la información y, en última instancia, afectar a la libertad de expresión”, concluye.

 

La sentencia de Luxemburgo va en línea con la corriente más avanzada del Parlamento Europeo en materia de protección de datos. El proyecto de normativa aprobado recientemente por la Eurocámara —a expensas del visto bueno de los Gobiernos— reconoce por primera vez el derecho al olvido, pero lo suaviza respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario que, sorprendentemente, se ha posicionado a favor de Google ante el TJUE. En este contexto, es previsible que el fallo tenga influencia sobre la próxima regulación de la protección de datos, una de las grandes asignaturas pendientes tras las elecciones europeas del 25-M.

 

En este contexto el abogado general de la UE, Niilo Jääskinen, dio la razón en junio del año pasado a Google, al entender que no puede ser considerado «responsable del tratamiento» de los datos contenidos en las páginas web que procesa. La puesta a disposición de una herramienta de localización de información no implica control alguno sobre el contenido incluido en páginas web de terceros, señalaba el abogado general. En cambio, en su sentencia, el tribunal considera al buscador “responsable” de la información que figura en la lista de resultados de una búsqueda. Tampoco hace distinción por el hecho de que la empresa matriz del buscador esté radicada en un país extracomunitario, ya que la publicidad de la que se nutre figura en los resultados de búsquedas de internautas europeos. Deja claro que el derecho a la protección de datos de las personas prevalece, con carácter general, sobre el “mero interés económico” de los buscadores.

 

Tras el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, el tribunal español planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la UE para saber el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria y nacional en materia de protección de datos y si la actividad de Google encaja en el concepto de tratamiento de datos contenido en la directiva. También planteaba si los derechos de supresión y bloqueo de datos incluyen la posibilidad de que el interesado puede dirigirse a los buscadores para impedir la indexación de la información referida a su persona y la competencia de las agencias nacionales de protección de datos, como recuerda el abogado de Costeja.

 

Por otra parte y en este contexto, se encuentra el caso de un ciudadano que hace ocho años fue multado por orinar en la calle y vive con esa anécdota desde entonces. Esta sanción es la primera referencia que de este profesor de instituto ofrecía Google cuando sus alumnos buscaban su nombre en Internet. La multa había sido publicada en el Boletín Oficial de la provincia y era imborrable. El afectado solicitó al buscador que suprimiera el enlace, pero éste se negó invocando la libertad de información. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) amparó la reclamación y ordenó que le hiciera desaparecer de su índice. Hasta hoy.

 

Unos 220 casos como estos llevan años en la Audiencia Nacional pendientes de la sentencia del Tribunal de la UE. El bufete de abogados ePrivacidad defiende algunos de ellos. Por ejemplo, el de un hombre sin relevancia pública que aparecía con su nombre y apellidos y la entidad en la que trabaja en el contexto de una noticia publicada por un medio de comunicación. Esa persona había comprado un inmueble a otra acusada de un fraude por Hacienda y no tenía nada que ver con ese delito. Los hechos se remontan a 1994, pero el agravio para el afectado vino por la réplica que de la información hicieron otros medios y que la misma fue rastreada por Google. Ahora estos datos podrán ser invisibles en la Red.

 

Aunque la AEPD no siempre da la razón a los que acuden en su auxilio. El buscador a una persona condenada por tráfico de drogas que aparecía en un blog para que el buscador eliminara sus datos personales. Tras la negativa de Google recurrió a la agencia para que tutelara sus derechos, pero este organismo desestimó de plano la petición porque eran hechos de relevancia pública, eran exactos y no habían quedado obsoletos.

 

 

Libertad de expresión vs derecho a la privacidad

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Anteriormente mencionamos la colisión que puede darse entre el derecho a la libre expresión con el de la privacidad. Es decir, nuestra potestad a comunicarnos tanto en su contenido como en su forma, va a tener como único límite los derechos de un tercero (no sólo a la privacidad, sino cualquiera de los reconocidos por nuestra Carta Magna). En pocas palabras: “Mi derecho termina donde comienza el de otro”.

 

La libertad de expresión se encuentra contenida en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:

 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

 

I.     Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

 

II.    La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

 

III.   Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

 

IV.   Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

 

V.    Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

 

VI.   Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

 

VIII.             La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

 

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

 

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

 

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.

También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

 

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

 

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

 

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.

 

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.

 

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

 

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

 

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

 

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

 

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

 

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

 

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

 

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

 

  1. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

 

I.     El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

 

II.    Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

 

III.   La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

 

IV.   Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.

 

V.    La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

 

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

 

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

 

El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.

 

VI.   La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección”.

 

 

Mientras que el derecho a la Privacidad se estipula en el precepto 16 de nuestra Carta Magna…

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

 

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

 

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.”

 

 

 

Libertad de expresión y derecho a la privacidad, Derecho a la privacidad y libertad de expresión. Estamos ante dos temas tan susceptibles de ser vulnerados argumentando al otro de ellos,  y al mismo tiempo ser violentados por el ejercicio de una tercera atribución. Es una línea muy delgada para  su ejercicio, abuso o mal uso y daño. Por ejemplo, sosteniendo esa libre expresión un padre de familia realiza una serie de circulares que se pone a entregar a la hora de salida a todos los demás padres, y en la cual manifiesta su desacuerdo por la existencia dentro de la planta docente de un catedrático homosexual, considerándolo un mal ejemplo y convoca a que se unan a su ideología y reclamo……

 

Pues bien, es cierto que se tiene el derecho a manifestar una idea, pensamiento, creencia, por cualquier medio lícito y al alcance del sujeto, en este caso se recurrió a un medio escrito como lo son las circulares. Pero si bien es cierto, todos tenemos el derecho a saber acerca de quiénes son los encargados de impartir conocimientos a nuestros hijos, también lo es que ni se tiene la certeza del dato, ni tampoco influye en la labor docente, y lo más importante, A NOSOTRS NO NOS CORRESPONDE andar divulgando una información de esa índole, y por ende se estaría violando tanto la privacidad del profesor y también cometiendo el delito de discriminación contemplado en nuestra legislación por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el artículo 149 del Código Penal Federal que habla sobre los delitos en contra de la dignidad de las personas en su capítulo único, Discriminación.

 

 

 

Por otra parte dentro de Internet, no son muchas las empresas que se dediquen a borrar información o enlaces en éste, pero sí son suficientes. Los recursos extrajudiciales van por ejemplo de una simple notificación para que se borre cierta información a los judiciales o incluso los medios técnicos, como la creación de nuevos contenidos para que la información perjudicial no aparezca hasta la quinta página de resultados del buscador, son algunas de las herramientas que utilizan estas empresas.

 

En casos que la gente debe poder encontrar y enterarse de ellos son en los que el derecho a la intimidad o a la privacidad no se ve envuelto. Esto es que se trata de personas que han cometido un delito muy grave y la gente debe saberlo. Los ciudadanos anónimos que se ven afectados por informaciones que permanecen en la red son muchos.

 

Uno de estos casos comenzó cuando una menor de tan solo 11 años empezaba a manejarse en la web. Nada que ningún joven no sepa hoy: redes sociales, páginas de entretenimiento, buscadores… Y la curiosidad, cómo no, le llevó a introducir el nombre de sus familiares más directos en Google. Hasta que metió el de su abuelo y los resultados la alarmaron. No entendía todo lo que ponía, pero sí ciertas palabras: impago, desahucio. Era información de los años 80 que había sido publicada en diversos boletines después de que su abuelo tuviera algunos problemas con la Agencia Tributaria. Aunque el problema ya se había resuelto, seguía apareciendo en posiciones destacadas del buscador. Y la niña comenzó a hacer preguntas incómodas.

“La gente no sabía que se podía eliminar la información”.

 

Este es solo uno de los casos que en ePrivacidad, empresa dedicada al borrado de información de internet, se ha encontrado en los últimos años. Ha sido un goteo de unas 7 u 8 peticiones diarias hasta que se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obligaba a Google a eliminar de la lista de resultados los enlaces de páginas web que contengan información relativa a una persona si el afectado lo solicita. En cinco días, y tras la avalancha de información en los medios, la empresa ha pasado a tener unas 300-400 peticiones. «La gente sabía que había información sobre ellos que querían eliminar, pero no sabían que eso se podía hacer», explica.

 

Quién no se ha encontrado alguna vez con algún contenido que quisiera borrar. La facilidad de meter un nombre en un buscador y mirar los resultados es tal que incluso ha surgido una nueva problemática entre los jóvenes: a la hora de buscar trabajo, los entrevistadores incluyen preguntas acerca de sus multas de tráfico o algún otro problema legal surgido en años anteriores. Inclusive Es decir, por motivos diversos tienen problemas para encontrar trabajo y quieren eliminar esas referencias. Inclusive hay situaciones aún más delicadas, como en el caso en que aparecen fotografías íntimas hechas para (o con) una pareja y son publicadas una vez se ha acabado la relación.

 

¿Cuánto puede tardar esa información en estar fuera de circulación? Todo depende. Desde en el mismo día, si es un solo enlace y un caso «fácil», hasta nunca. «Si el servidor está fuera de la Unión Europea o en servidores que estén en el este, hay veces que no lo conseguimos nunca, pero dentro de la Unión Europea suele ser relativamente rápido».

 

 

La sentencia del TJUE ha sido clave en este sentido, ya que existían muchos casos que habían recurrido a la vía judicial y que se encontraban paralizados a la espera de la sentencia. Pero también ha abierto un debate: ¿Podrían los políticos beneficiarse de esto?

 

Ya antes de la sentencia, diversos políticos habían recurrido a estos servicios: «Hemos recibido peticiones de políticos que consideraban que determinada información les perjudicaba, pero ante esto la negativa es inmediata. La jurisprudencia viene a decir que el interés público prevalece», dice Álvarez, cuya empresa se centra en las vías judiciales.

 

«En el caso de los políticos, creamos nuevos contenidos en internet y los posicionamos»

Samuel Parra coincide: «En el caso de los políticos la información es prácticamente imborrable. En estas ocasiones, nosotros creamos nuevos contenidos en internet y los posicionamos por encima del contenido que ellos quieren eliminar y que suele aparecer en los primeros resultados del buscador. De esta manera, cuando buscas su nombre, te van a aparecer dos o tres páginas del buscador con contenido creado por nosotros. Te tienes que ir muy lejos para encontrar algo diferente».

 

Pero Diego Sánchez, presidente de Eliminalia, una empresa de borrado de datos especializada en políticos y empresas, es radicalmente opuesto. «No se puede hacer

así. Nos ha llegado gente llorando por ese problema. Google es un buscador muy potente y es muy difícil engañarlo», dice. «Nosotros garantizamos el borrado bajo notario, y si los contenidos no se borran devolvemos el dinero», llega a asegurar.

 

El año pasado, 220 politicos y 7 entidades bancarias nacionales e internacionales recurrieron a su empresa. Entre la información que querían hacer desaparecer se incluye la dirección de familiares, su teléfono particular o el nombre de la escuela de sus hijos. Datos que prefieren mantener en su ámbito privado. Pero también había artículos periodísticos publicados con «un titular desafortunado» o una sentencia desfavorable. «También algunos tienen negocios privados que no interesa que se sepan o que se pueden malinterpretar».

 

Aunque Sánchez no revela sus métodos de «borrado», explica que en el ámbito interno de la empresa funcionan con empleados situados «en dos fronteras». «Sabemos a qué tipo de empleado le podemos pedir algo y al que no». Si, por ejemplo, uno de ellos se ha visto perjudicado por la estafa de las preferentes y una entidad bancaria recurre a sus servicios para que eliminen cierta información al respecto, no será a ese empleado a quien le pidan que lo haga.

 

«También ha habido casos que no hemos querido coger, de gente que se ve que es mala y sobre la que borrar esa información significa que esa persona vuelva a hacer lo mismo, como un estafador. Si borras su información, puede volver a hacer lo mismo», explica Sánchez.

 

«Solo se le ha dicho a Google que aplique nuestra política de protección de datos»

Sin embargo, no todas las empresas piensan igual, como en el caso de borrarmisdatos.es o ePrivacidad, en donde aseguran que en esos casos el borrado es ilegal. Además, Samuel Parra explica que la nueva sentencia no se lo pone más fácil a los políticos. «Lo único que se ha hecho es decirle a Google que aplique nuestra política de protección de datos, pero ese derecho tiene muchos límites y a un político, por su relevancia pública, jamás se le va a conceder». Ni siquiera ocurriría con las personas anónimas que han cometido delitos salvo que hayan cumplido la pena y les hayan cancelado los antecedentes, dice.

 

EU y Europa, ventana al futuro de Internet en México

 

Los debates sobre la neutralidad de la red que se vive en Estados Unidos y la posibilidad de que empresas como Netflix paguen a los proveedores de Internet por “preferencia” en la transmisión de sus contenidos; o del derecho al olvido en la Unión Europea, donde los usuarios podrán pedir a buscadores como Google que retiren los enlaces a sus referencias personales, son vistos en México como una ventana a las discusiones futuras que vivirá el país en el desarrollo de Internet.

 

La incipiente penetración de Internet en el país y el volumen de la economía digital  han puesto los esfuerzos de regulación hacia el aumento en la adopción tecnológica en el país. Aunque el llamado de la industria sobre Internet es claro: entre menos regulación exista, mayor será su crecimiento.

 

Obviamente con el transcurrir de los años, hay gente que quiere controlar unas cosas, sólo que se justifiquen como es la privacidad, la seguridad informática o delitos cibernéticos pero más allá de eso, seguimos a favor de la neutralidad de la red”, dijo en entrevista el presidente de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), Carlos Ponce Beltrán.

 

En las propuestas de legislación secundaria a la reforma a telecomunicaciones se han tocado temas de contenido y acceso en Internet que podrían representar violaciones al ejercicio de los derechos humanos en la esfera digital, así como una potencial amenaza a la neutralidad de la red. Pero los debates que suceden en Europa y Estados Unidos aún no está en los radares mexicanos.

 

“Ahorita no está en el debate. Yo preferiría que termináramos el debate del tema de telecomunicaciones y que no se metieran con internet. Hay que ver qué queremos primero con Internet, si es un Internet regulado, los mexicanos no queremos eso, por eso estamos peleando como usuarios e industria a que esto no ocurra”, dijo Ponce.

 

En medio de los debates, no se debe perder de vista que Internet y el acceso a la banda ancha es un derecho constitucional, a la par que avanza el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel mundial, consideró Rafael Funes, vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información (AMITI), considera que “Si nos ponemos 20 años adelante, nos vamos a encontrar con que lo vamos a ver como un debate intenso e histórico (…) Probablemente no nos vayamos por esa misma línea (como en Estados Unidos) pero al final acaba siendo un tema integral en el mundo”, afirmó.

 

Lo cierto es que entre más evoluciona Internet, también lo hace su complejidad y esas discusiones también tocarán terreno mexicano.

 

“Las preocupaciones de los estadounidenses van en otro nivel. Ellos tienen una penetración muchísimo más alta que la nuestra. Podrían ir unos pasos más adelantados en la historia. Si las cosas van bien en México, nos gustaría tener esos mismos debates y sobre todo ahorita podemos aprender de lo que ellos están discutiendo”, dijo.

 

En la configuración y desarrollo de las discusiones y la gobernanza en Internet, que ya comienzan en otras partes del mundo, se deberán integrar a todos los actores involucrados incluyendo sociedad, gobierno, industria y expertos para preservar la esencia y libertad que promete la tecnología.

 

Elderecho al olvido” puede obstruir el periodismo

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el llamado derecho al olvido en Internet puede obstruir el trabajo periodístico, indicó hoy la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

La OSCE considera que la decisión podría afectar negativamente el acceso a la información, pero reconoce que la protección de datos personales es un derecho fundamental.

Los medios deberían continuar teniendo acceso a informaciones y datos personales de gente pública, sostuvo.

Dicha corte estimó en mayo que los usuarios de los motores de búsqueda pueden exigir que se supriman sus datos. El caso se originó con la demanda de un español, quien reclamó la supresión de resultados y enlaces de Google donde su nombre aparecía ligado a una subasta relacionada con un embargo.

 

Una vez expuesto lo anterior y recordando que todo lo publicado alguna vez en la red, de alguna forma siempre va a permanecer ahí y bajo el conocimiento de alguien… ¿qué tan factible, actual, eficaz y válido el derecho al olvido en Internet?

 

FUENTES:

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